El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles durante una visita a Ecuador que buscaría 45 millones de dólares en fondos adicionales de seguridad para el país latinoamericano, así como equipamiento extra, para ayudar a combatir el narcotráfico.
Rubio se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante una gira por tres países latinoamericanos cuyos líderes están estrechamente alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los esfuerzos de su administración por reafirmar la influencia de Estados Unidos en la región.
Tras la reunión, Rubio dijo que Washington colabora cada vez más con el gobierno de Noboa para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
"Esto no son grupos comunes. Obviamente participan en crimen común, pero tienen capacidad terrorista a nivel de la región, y eso hay que enfrentarlo. Eso hay que desmantelarlo, eso hay que derrotarlo, y nosotros estamos comprometidos a eso", dijo Rubio en una declaración conjunta con el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que designó a la banda ecuatoriana "Los Tiguerones" como organización terrorista extranjera, tras medidas similares adoptadas contra otras dos bandas criminales el año pasado y una tercera este año. El Departamento de Estado señaló que el grupo "Los Tiguerones" está vinculado al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, incluida la toma en directo de una estación de televisión ecuatoriana en 2024.
Rubio anunció que Estados Unidos también impondría sanciones a siete exfuncionarios ecuatorianos implicados en casos de soborno.
La administración Trump solicitará al Congreso 45 millones de dólares para financiar nuevos compromisos en seguridad con Ecuador, además de una iniciativa de 10 millones de dólares dirigida a combatir la minería ilegal, indicó Rubio.
Dijo, además, que Estados Unidos entregaría un patrullero de la Guardia Costera de 110 pies y cinco embarcaciones interceptoras para la armada del país, adicionales a las siete ya entregadas a Ecuador este año para la lucha contra el narcotráfico marítimo.
Noboa asumió el cargo por primera vez en 2023 prometiendo combatir con mano dura la violencia derivada del creciente papel de Ecuador como centro de tránsito de drogas; sin embargo, defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación de que este enfoque agresivo solo haya generado más caos.
Al hablar con periodistas en Quito, Rubio reconoció que la campaña estadounidense para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico había evolucionado hacia operaciones conjuntas con Ecuador, y señaló que las decisiones sobre los objetivos se tomaban caso por caso y en cooperación con el país sudamericano.
"Nuestro objetivo no es ir tras los pescadores. Nuestro objetivo es ir tras los narcotraficantes", dijo en respuesta a preguntas sobre las críticas a la campaña.
La semana pasada, el Gobierno de Ecuador también defendió varias operaciones recientes en las que se interceptaron y hundieron embarcaciones ecuatorianas, afirmando que fueron resultado de investigaciones conjuntas para desarticular el narcotráfico.
Estos hundimientos forman parte de una campaña militar estadounidense más amplia, que ha destruido unas 70 embarcaciones y causado la muerte de más de 220 personas en el último año, suscitando críticas de grupos de derechos humanos y de algunos líderes latinoamericanos que califican estos ataques como ejecuciones extrajudiciales.
Aunque el gobierno de Estados Unidos ha asumido la responsabilidad de decenas de ataques en el marco de la campaña, no ha reconocido otros tres ocurridos este año que presentan las características típicas de las operaciones estadounidenses e involucran a embarcaciones pesqueras de la provincia ecuatoriana de Manabí.
En dichos incidentes, los miembros de las tripulaciones —incluidos algunos entrevistados por Reuters— afirman que sus embarcaciones fueron atacadas. Una embarcación desapareció y las tripulaciones de las otras dos fueron repatriadas a través de El Salvador.